Chilpancingo, Gro., a 29 de Octubre de 2012.- Como parte del proceso
de comparecencia del Estado mexicano ante el Comité Contra la Tortura (CAT) de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los Organismos Públicos de
Derechos Humanos (OPDH) del Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y
Tlaxcala, hicieron entrega de un informe
para que lo consideren en la reunión de trabajo que sostendrán el 1 y 2 de
noviembre próximo y en el cual aseguran estos organismo que la práctica de la
tortura predomina en México de manera "sistemática".
De acuerdo con los
Organismo Públicos de Derechos Humanos existen contextos estructurales que
favorecen los actos de tortura principalmente para conseguir confesiones o
información de las personas detenidas, que es una violación sumamente grave y
que además desencadena una incomunicación prolongada.
Explicaron que la finalidad de ese informe es un hecho sin precedente y su
finalidad es brindar al Comité Contra la Tortura, información notable para el
examen periódico a nuestro país, y con
ello fortalecer el sistema no jurisdiccional en favor de salvaguardar los
derechos de todas las personas.
Los Organismo Públicos
de Derechos Humanos denuncian la falta de acceso a la justicia de personas que
han sido víctimas de tortura, como tampoco acceden al derecho de reparación del
daño lo cual, agregan, en la mayoría de los casos favorece la impunidad y la
reiteración de esas graves violaciones a los derechos humanos.Señalaron que en el 41%
de los estados de la República, la tipificación de la tortura está en códigos
penales, en 22% existe doble normatividad, es decir, la tortura se tipifica en
el código penal y en leyes especiales, y en 37%, la tipificación está en una
legislación especial.
Así mismo, señala que
sólo 19% de los estados contemplan en sus leyes disposiciones puntualizadas en
materia de prevención de la tortura, en 34% la normatividad es
insuficiente o inexacta y en 47% de los casos no existe disposición; es de suma
importancia señalar que el CAT es un órgano de expertos independientes, cuyo
propósito es supervisar la aplicación de la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través del examen
periódico a los Estados parte.
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