Posted on may 27, 2014
El petista y ex candidato a diputado local por el distrito 05 de Acapulco, Israel González Nava, denunció que el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el procurador Iñaky Blanco Cabrera están obstaculizando la demanda penal que interpuso contra los diputados locales Emilio Ortega Antonio y Mario Ramos del Carmen, y que ayer venció el plazo que dio un juez federal a la Procuraduría para que proceda por fraude procesal y por usurpación de funciones y uso de recursos federales en el caso de Ortega Antonio.
“Lo grave de este asunto es que hay un diputado en la actual legislatura que es ilegal, porque hay un juicio en su contra y está firmando acuerdos, está firmando reformas, está firmando iniciativas. Emilio Ortega Antonio es un diputado apócrifo, porque llegó de manera ilegal, el Congreso lo legitimó sin saber que estaba ilegal, que era ilegítima su asignación, su unción como diputado”, sostuvo.
El 11 de septiembre de 2012, en estas páginas se informó que González Nava presentó una denuncia penal por los delitos de falsificación de documentos, fraude procesal y simulación de pruebas, en contra de los representantes de la Coalición Guerrero nos Une que le quitaron la candidatura: el representante de Movimiento Ciudadano en el Instituto Estatal Electoral de Guerrero, Alberto Zúñiga Escamilla; la secretaria de la coalición Guerrero nos Une, Delfina Valle Hilario; el diputado electo Luis Emilio Ortega Antonio; su suplente Wendy Olea Cardoso, y el secretario del IEEG, Carlos Alberto Villalpando Millán.
En declaraciones telefónicas, el petista explicó que el proceso penal se depuró hasta que en las declaraciones ministeriales Ortega Antonio, su suplente y Zuñiga Escamilla señalaron a Ramos del Carmen como el “autor intelectual” del registro en el IEEG con firmas falsificadas, violando los acuerdos de la coalición para que el petista fuera candidato del distrito.
Aseguró que desde agosto de 2012 el departamento de Servicios Periciales de la PGJE corroboró en un dictamen la falsificación de documentos y el expediente fue turnado al Control de Averiguaciones Previas para enviar la información al juez de primera instancia y al Congreso local, porque Ortega Antonio está usurpando funciones y debe ser desaforado.
Sin embargo dijo que eso no sucedió porque en la dependencia estatal se enteró de que Aguirre Rivero y Blanco Cabrera ordenaron que no se hiciera la averiguación a solicitud de Ramos del Carmen, quien inclusive le reclamó a la actuaria que le notificó en el Congreso que el gobernador ordenó que se parara.
Dijo que al enterarse de esto, llevó el caso al juez primero de distrito a nivel federal, quien pidió a la Procuraduría que informara los avances pero la dependencia hizo caso omiso, y tras un segundo requerimiento sólo envió una parte del expediente, “dando tiempo no sé a qué, a entorpecer el avance”, y fue hasta el tercer requerimiento que finalmente lo entregó completo.
Aseguró que tras analizar el expediente y comprobar la falsificación, el 28 de abril el juez dictó una resolución para que la PGJE dictamine el destino de la averiguación y cumpla la parte que le corresponde, “porque ha violado la ley” y ha negado al ex candidato la procuración de justicia, pero al día siguiente la PGJE pidió una prórroga que venció ayer.
“Le están dando vueltas, están haciendo uso de la influencia de poder para que ésta no prospere y quieren involucrar al gobernador, que él dio la instrucción de que eso se pare, Mario Ramos ha estado insistiendo en que el gobernador dio la orden”, aseguró, y pidió que Aguirre Rivero y el procurador informen por qué no han dictaminado a casi dos años.
Dijo que si el gobierno estatal no hace su trabajo, el juez federal puede liberar las órdenes de aprehensión y ejecutar el ejercicio de la acción penal después de agotar todos los recursos, y si esto no prospera está dispuesto a recurrir a los tribunales colegiados de los jueces federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque tiene todas las pruebas necesarias.
“Al no acatar una orden judicial, una orden federal, están en riesgo de ser destituidos tanto el director de Control de Averiguaciones como el procurador general de Justicia del estado, porque ese es un delito”, agregó, y dijo que esta semana se deben agotar todos los procedimientos para aplicar la ley.
Aseguró que aunque no se logre en esta legislatura, cuando termine y estén sin fuero, los ahora diputados serán juzgados, “porque hay un delito encuadrado debidamente” con el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, que se castiga con cárcel de tres a seis años.
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